Un hombre y una mujer fueron detenidos durante un procedimiento encabezado por la Fiscalía. La investigación apunta a un supuesto esquema de falsas inversiones con un perjuicio patrimonial estimado en G. 165 millones.


Un allanamiento realizado en el marco de una investigación por un presunto esquema de estafa piramidal mediante falsas promesas de inversión derivó en la detención de dos personas, un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

El procedimiento fue encabezado por el agente fiscal Ítálico Adriano Rienzi, titular de la Unidad Penal N.º 2 de Mariano Roque Alonso, y fue autorizado por el Juzgado competente a pedido de la Fiscalía. El objetivo fue localizar y recolectar elementos que permitan esclarecer el supuesto mecanismo utilizado para captar a las presuntas víctimas.

La investigación se inició a partir de una denuncia relacionada con un supuesto esquema de inversión comercial. Según los datos recabados, los investigados habrían ofrecido rentabilidades de hasta el 10% semanal, vinculadas a actividades de logística, merchandising y organización de eventos masivos.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, desde noviembre de 2025 se habría utilizado una fachada empresarial, acompañada de documentación de apariencia legal, planillas y referencias comerciales para generar confianza entre potenciales inversores y conseguir transferencias y depósitos de dinero.

Sin embargo, posteriormente las obligaciones asumidas no habrían sido cumplidas, registrándose evasivas y promesas incumplidas que habrían ocasionado pérdidas económicas a varias personas.

Entre los casos analizados figura un desembolso de aproximadamente G. 70 millones. Además, un análisis financiero detectó ingresos por G. 72 millones en cuentas bancarias vinculadas a la investigación.

Las diligencias también revelaron posibles vinculaciones registrales, domiciliarias y operativas con una persona y una firma comercial que estarían relacionadas con las actividades investigadas y que presuntamente habrían contribuido a otorgar apariencia de legitimidad a las operaciones.

De manera preliminar, el perjuicio patrimonial conjunto ascendería a aproximadamente G. 165.399.200. La Fiscalía continúa recabando evidencias para determinar la existencia del supuesto esquema, individualizar responsabilidades y establecer el alcance del perjuicio.