El Tribunal de Sentencia halló culpable a Lourdes Ramírez de Ramos tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía en un juicio oral y público.


Un Tribunal de Sentencia condenó a 10 años de pena privativa de libertad a Lourdes Ramírez de Ramos, tras ser hallada culpable de los hechos punibles de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden constitucional. La condena fue obtenida por el agente fiscal Federico Delfino, titular de la Unidad Penal Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas y Terrorismo.

Durante el desarrollo del juicio oral y público, el representante del Ministerio Público presentó diversas pruebas que, según la resolución judicial, permitieron demostrar la participación de la acusada en los hechos investigados. Tras el análisis de las evidencias y los argumentos expuestos por las partes, el Tribunal resolvió dictar una sentencia condenatoria e imponer una pena de diez años de prisión.

Según los antecedentes de la causa, la investigación se originó a partir de la difusión de un video en enero de 2014, en el que aparecía la ahora condenada junto a integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En dicho material audiovisual, el grupo realizaba un llamamiento en el que reivindicaba la lucha de clases como medio para acceder al poder e instaurar un gobierno de los pobres, además de emitir expresiones dirigidas contra las autoridades nacionales legítimamente constituidas.

La Fiscalía sostuvo durante el proceso que la participación de Ramírez de Ramos en ese material configuró conductas tipificadas en la legislación penal paraguaya, por lo que impulsó la acusación que finalmente derivó en la condena.

Con esta resolución, el Tribunal dio por concluida una etapa del proceso judicial, aunque la sentencia aún podrá ser objeto de los recursos previstos por la legislación vigente. El Ministerio Público destacó la importancia de la decisión judicial en el marco de la persecución de hechos que atentan contra el orden constitucional y la seguridad del Estado, reafirmando su compromiso con la aplicación de la ley y el respeto al debido proceso.