El fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, dispuso la reasignación de funciones de agentes fiscales en distintas sedes del Ministerio Público, mediante la Resolución F.G.E. n.° 2717, con el objetivo de fortalecer la distribución del trabajo y garantizar un funcionamiento armónico y eficaz de la institución.

La medida fue adoptada en atención a las necesidades de servicio de las dependencias fiscales y conforme a las atribuciones conferidas al titular del Ministerio Público por la Constitución Nacional y la Ley n.° 1562/00 "Orgánica del Ministerio Público".

En ese contexto, se resolvió asignar a la agente fiscal Gabriela Octavia Aquino Morínigo, como titular de la Unidad Penal n.° 3 de la Fiscalía de Lambaré. Asimismo, intervendrá en causas de explotación clandestina de juegos de azar y en la Unidad Penal de Transición de esa sede fiscal, en reemplazo de la agente fiscal, María Verónica Mayor Gamell; y en la Unidad Penal de Transición de la misma sede, en reemplazo del agente fiscal Óscar Estanislao López Laterza.

El agente fiscal Rodrigo Lepretti Cañete fue reasignado como titular de la Unidad Penal n.° 1, Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato n.° 1 y Unidades Civil, Comercial y Laboral de la Fiscalía de Colonias Unidas, departamento de Itapúa.

El agente fiscal Reinaldo Castillo Carrera cumplirá funciones como titular de la Unidad Penal n.° 1 y Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato n.° 2 de la Fiscalía de Yuty, departamento de Caazapá.

El agente fiscal José Luis Torres Peña fue reasignado a la Unidad Penal n.° 1, Unidades Civil, Comercial, Laboral, Niñez y Adolescencia y Denuncias por maltrato animal de la Fiscalía de Horqueta, departamento de Concepción.

El agente fiscal Joel Ángel González Roa pasará a desempeñar funciones en las Unidades Electoral, Laboral, Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia de la Fiscalía de J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú.

La resolución también dispone la realización del inventario de las causas, el estado de los procesos y las evidencias existentes en las unidades afectadas, estableciendo un plazo de ocho días para la entrega de la constancia de recepción del inventario al fiscal general del Estado.

La vigencia de las reasignaciones fue fijada a partir del 28 de julio de 2026.