La abogada Marilina Marichal, representante legal de la comunidad 2 de Enero del Pueblo Ayoreo, denunció que la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) impulsa una denuncia contra los líderes del grupo, violando procedimientos legales que amparan a los indígenas.

“El hecho comenzó en 2024, el 16 de agosto de 2024, cuando la Secretaría de Emergencia Nacional fue a entregar kits a las comunidades ayoreos del Chaco que estaban pasando por una fuerte sequía y época de incendios, con falta de comida, falta de agua, falta de todo, y la SEN llevó menos kits de los que correspondían para la comunidad”, relata la abogada.

Detalló que los indígenas reclamaron esta situación y que los funcionarios de la SEN actuaron con prepotencia, negando más kits.

“Un funcionario les dijo que se censen y que el año siguiente les iban a dar los kits que faltaban, cuando el hambre era en ese momento, y luego de ver la tensión que había dentro de la comunidad, la gente de la Secretaría de Emergencia Nacional empezó a fotografiarlos”, relató. 

Explicó que los miembros de la comunidad exigieron que no se los fotografíe y que los funcionarios igual continuaron tomando fotos, lo que provocó una reacción de los indígenas, que fue denunciada ante la Fiscalía por la SEN, exigiendo imputación.

“El fiscal Lucrecio Cabrera Velázquez solicitó que se archive la causa porque existía un obstáculo legal que obstruía el procedimiento y que debía llevarse conforme a la legislación o al apartado en la legislación indígena y esto no estaba sucediendo”, contó la abogada.

Sin embargo, pese a la postura inicial del fiscal, el Juzgado le dio trámite a la denuncia y la Fiscalía terminó imputando a los líderes y sus hijos porque eran los únicos nombres que conocían los funcionarios de la SEN, pero estos no pudieron identificar a los supuestos agresores.

La abogada dijo que posteriormente siguió la investigación y se agregaron a la carpeta los supuestos delitos de coacción grave, daño a cosa de interés común y perturbación de la paz pública cuando se entiende que quienes fueron adentro de las comunidades fue la gente de Emergencia Nacional.

“Comienza la investigación, pedimos en reiteradas oportunidades que se les ponga un traductor, porque ellos no hablan español como para poder defenderse en una causa judicial y porque la ley así lo exige, y se lo pedimos a la Fiscalía en tres ocasiones, y en ningún momento nos pusieron traductor”, contó la abogada.

Relató que ante las violaciones procesales, presentaron una reserva expresa de nulidad, pero que el mismo fiscal que había pedido la desestimación, al final terminó acusando a los indígenas.

“El doctor Lucrecio Cabrera ahora pide que se los lleve a juicio oral y en ningún momento tuvieron en cuenta que estas tres personas, estos tres imputados, jamás se les dio la oportunidad de declarar porque nunca le pusieron un traductor y esto es obligación del Estado paraguayo, es obligación del Ministerio Público y también del Juzgado, pero no tenemos absolutamente nada de eso”, indicó.

Agregó que intentaron llegar a un acuerdo con el juez y el fiscal, pero que el abogado de la Secretaría de Emergencia Nacional dijo que no aceptarían ningún tipo de salida extrajudicial y que quería llevar el caso a juicio oral.

“Realmente es un proceso regular, un proceso que no contempla las necesidades, que no contempló los hechos en ningún momento. Lo lamentable es que para el pueblo nunca hay garantías, mucho menos para las comunidades indígenas cuando reclaman sus derechos y era una situación que desbordaba el hambre y la sed de los de los habitantes de esa comunidad”, señaló la representante legal de la comunidad.

Insistió en que en la causa no existe una imputación concreta. “No dice qué hizo cada persona, cómo participó, cuál fue su aporte individual, o sea, también con esto hay una indefensión terrible porque queremos saber los hechos y no solo porque es el líder y son los hijos del líder”, expresó.

FUENTE: UH