El Ministerio Público, representado en juicio por la agente fiscal Gladys González, obtuvo una condena de 8 años de pena privativa de libertad para el licenciado en Fisioterapia, Roberth Enmanuel Leguizamón Medina, tras ser hallado culpable de los hechos punibles de abuso sexual en personas indefensas y coacción sexual.

Durante el juicio oral y público, la representación fiscal produjo pruebas contundentes que permitieron acreditar que el acusado abusó sexualmente de su paciente, quien se encontraba en estado de indefensión al no poder ofrecer resistencia, debido a una parálisis corporal que le impedía hablar y moverse.

En el transcurso del proceso, el Ministerio Público presentó ampliación de la acusación por el hecho punible de coacción sexual, ilícito que también fue plenamente probado en debate, junto con el abuso sexual en personas indefensas.

Según los antecedentes del caso, la víctima sufrió una mala praxis médica que le provocó parálisis total del cuerpo, a raíz de la aplicación incorrecta de medicamentos. Ante la necesidad de iniciar sesiones de fisioterapia, se contrató los servicios del ahora condenado, quien acudía al hospital donde la mujer se encontraba internada para realizar el tratamiento.

En ese contexto, el acusado comenzó a realizar tocamientos indebidos en las partes íntimas de la paciente, aprovechando su imposibilidad de defenderse o comunicar lo que estaba ocurriendo.

Posteriormente, tras recibir el alta médica el 8 de mayo de 2023, la víctima continuó con el tratamiento de fisioterapia en su domicilio, en la ciudad de Ñemby, donde el condenado acudía diariamente para realizar las sesiones, percibiendo una suma de dinero por sus servicios.

Los abusos se prolongaron durante los meses de junio y julio de 2023, cuando el procesado aprovechaba los momentos en que se encontraban solos en el dormitorio para continuar con las conductas ilícitas. Además de los manoseos, el hoy condenado exhibía sus partes íntimas, abofeteaba a la víctima y la amenazaba de muerte.

La situación pudo ser denunciada cuando la mujer logró recuperar movilidad en una de sus manos, lo que le permitió comunicarse mediante señas con su madre y relatar los hechos sufridos, activándose posteriormente el proceso penal que culminó con la condena dictada.