El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ordenó el traslado de la agente Milena Basualdo a la región del Chaco. La resolución N° 377 de febrero de 2026 establece que la funcionaria prestará servicios en Filadelfia, departamento de Boquerón. Allí asumirá la titularidad de las Unidades Penales N° 2 y de Ejecución. Esta decisión administrativa ocurre tras su cuestionada intervención en una denuncia por supuesta lesión de confianza en Paraguarí.

¿Qué motivó el apartamiento de la agente en la causa de Paraguarí? La semana pasada, Rolón ya había decidido retirar a Basualdo del caso que involucra a exintendentes de la ANR. La fiscala solicitó la desestimación de la denuncia en menos de un mes de investigación. Para ello, se basó únicamente en el descargo de los denunciados. Sin embargo, ignoró los hallazgos técnicos de la Contraloría General de la República sobre obras municipales.

La auditoría del ejercicio fiscal 2024 reveló un presunto perjuicio a la Municipalidad de Paraguarí. Los fiscalizadores detectaron que se certificaron rubros de obras con cantidades distintas a las ejecutadas. Las inspecciones físicas evidenciaron faltantes documentales y diferencias monetarias por un total de G. 67.092.329. Estas inconsistencias afectaron múltiples contratos gestionados bajo las administraciones de Lilian Burgos de Baruja y el actual jefe comunal, Marcelo Simbrón.

Además, los informes técnicos señalaron que la calidad de los trabajos no cumplía con las especificaciones contractuales. Durante la verificación in situ, se constataron deficiencias en la mano de obra y en las técnicas constructivas. El ente de control subrayó que estas fallas no fueron registradas ni corregidas oportunamente por los responsables. Por lo tanto, los auditores concluyeron que existen indicios de irregularidades graves en el manejo de los fondos públicos.

¿Quiénes continuarán ahora con la investigación fiscal? Tras el traslado de Basualdo, la Fiscalía General designó un equipo especial para proseguir con las pesquisas. Los fiscales Osmar Segovia y Alfredo Ramos Manzur estarán a cargo de analizar las pruebas recolectadas. Este nuevo equipo deberá contrastar los descargos municipales con los reportes de la Contraloría. El objetivo es determinar si existió un daño patrimonial que deba ser sancionado por la justicia.

Fuente: El Observador