Antonio Villalba Aranda enfrenta cargos por feminicidio por el crimen ocurrido en 2023 en Triunfo 3; la familia exige la pena máxima para el acusado.


Tras tres años de una espera marcada por el dolor y la búsqueda de justicia, este miércoles se dio inicio al juicio oral y público contra Antonio Villalba Aranda, único acusado por el feminicidio de su ex pareja, Carmen Servián Ferreira. El proceso busca determinar la responsabilidad penal del hombre en un crimen que, por su crueldad y antecedentes, generó una profunda indignación en la comunidad de Itapúa.

El trágico episodio se remonta al 4 de marzo de 2023, en la zona conocida como Triunfo 3, distrito de Natalio. Según los antecedentes del caso, Carmen Servián ya temía por su integridad; de hecho, el mismo día del ataque había logrado obtener una orden judicial de alejamiento contra Villalba Aranda. Sin embargo, la medida de protección no fue suficiente para detener al agresor.

Esa tarde, Antonio Villalba interceptó a la mujer y la atacó a balazos, dejándola herida de gravedad. Carmen fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Encarnación, donde los médicos y su propia fortaleza la mantuvieron con vida durante cinco agónicos días. Lamentablemente, el 9 de marzo de 2023, se confirmó su fallecimiento, dejando a una familia destrozada y a una comunidad exigiendo respuestas.

En el banquillo de los acusados, Villalba Aranda enfrenta cargos por Feminicidio, una figura que en el Código Penal paraguayo contempla sanciones de hasta 30 años de cárcel. Los familiares de la víctima, quienes se hicieron presentes en la sede judicial, han sido tajantes en su postura: no aceptarán menos que la pena máxima.

"Ella intentó protegerse legalmente y no fue escuchada a tiempo. Ahora esperamos que el Tribunal actúe con firmeza para que este crimen no quede impune", manifestaron allegados a la víctima antes del ingreso a la sala de audiencia.

El caso de Carmen Servián se suma a las preocupantes estadísticas de violencia de género en el departamento de Itapúa, donde las órdenes de restricción suelen verse vulneradas por la falta de un control efectivo sobre los agresores. El Tribunal de Sentencia tendrá ahora la tarea de analizar las pruebas balísticas, testimoniales y los informes psicológicos para dictar un fallo que la sociedad encarnacena sigue muy de cerca.