Ramírez señaló que la implementación del Registro Único del Estudiante (RUE), en 2024, permitió mejorar la trazabilidad de los alumnos matriculados en las universidades. Sin embargo, indicó que para los años anteriores no existía un registro similar, lo que dificulta la verificación de antecedentes académicos en algunos casos. Agregó que las situaciones en las que surgieron dudas durante la revisión de títulos fueron remitidas al Ministerio Público para su investigación.

De acuerdo con el ministro, de unos 500 casos analizados, más de la mitad de las personas no pudo aportar información o documentación que respaldara su formación académica, mientras que otro grupo habría cursado estudios en instituciones cuyas carreras no contaban con la habilitación correspondiente. Sobre estos últimos, sostuvo que el Gobierno analiza mecanismos que permitan encontrar una solución para quienes actuaron de buena fe.

En paralelo, Ramírez informó que el MEC y el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) intensificaron los controles sobre las instituciones de educación superior y clausuraron más de 1.080 carreras universitarias en los últimos dos meses por carecer de acreditación o habilitación oficial. Según precisó, entre las carreras afectadas figuran Medicina, Ingeniería y Psicología, en distintas regiones del país.

El titular del MEC explicó que la medida forma parte de un proceso de depuración del sistema universitario y afirmó que el ministerio dejará de registrar títulos expedidos por carreras que no estén debidamente acreditadas y habilitadas. Asimismo, indicó que el CONES continuará con las verificaciones y podrá iniciar procedimientos para el eventual cierre de facultades o universidades cuando corresponda, conforme a los mecanismos establecidos por la legislación vigente.

En relación con la investigación interna, Ramírez adelantó que una auditoría realizada en el Viceministerio de Educación Superior habría detectado indicios de presunta complicidad de funcionarios vinculados al registro de títulos. Señaló que, una vez concluida la primera etapa del informe, se adoptarán las medidas administrativas correspondientes y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para las investigaciones penales que pudieran surgir.

El ministro también explicó que el Ejecutivo analiza tres líneas de acción ante el caso. La primera contempla sanciones para quienes hayan incurrido en falsificación de documentos o incumplimiento de la ley; la segunda busca establecer un mecanismo que permita regularizar la situación de quienes fueron afectados de buena fe; y la tercera apunta a definir eventuales sanciones para las instituciones de educación superior que hayan emitido o facilitado títulos de manera irregular.

Además, Ramírez mencionó que durante las verificaciones se identificaron acuerdos entre universidades e institutos técnicos superiores mediante los cuales estos últimos captaban estudiantes, mientras que las universidades expedían los títulos. Indicó que dichas modalidades también forman parte de las investigaciones en curso.

Finalmente, el ministro reafirmó que el MEC mantendrá la aplicación de la normativa vigente y señaló que, si bien podrán evaluarse plazos para que algunas instituciones regularicen su situación, el cumplimiento de la ley será obligatorio. También anunció que el listado de las carreras clausuradas se encuentra disponible para consulta pública y que el MEC y el CONES trabajan en la renovación de sus plataformas digitales para facilitar el acceso a la información.

FUENTE: ÑANDUTI