La fiscal Rocío Valdez representó al Ministerio Público en el juicio oral. El crimen ocurrió en junio de 2023 en el barrio Santa Librada de Encarnación.


El Tribunal de Sentencia condenó a De Los Santos Reyes a 30 años de prisión, más cuatro años de medida de seguridad, tras hallarlo culpable del homicidio doloso agravado de su hija biológica, Damaris Benítez Castillo, de 18 años, y de la tentativa de feminicidio contra su expareja, Nélida Ángela Castillo.

El hecho ocurrió en junio de 2023 en una vivienda del barrio Santa Librada de Encarnación. Según la investigación, Damaris fue asesinada al intentar defender a su madre, quien estaba siendo agredida por el ahora condenado. La joven recibió ocho heridas con un objeto punzocortante que le provocaron un traumatismo craneoencefálico fatal. La mujer también sufrió múltiples lesiones durante el ataque y permaneció internada en estado grave.

Durante el juicio oral, la fiscal Rocío Valdez logró demostrar que el acusado era el padre biológico de la víctima, vínculo que fue confirmado mediante una prueba de ADN y considerado una agravante para la condena. Asimismo, la representante del Ministerio Público acreditó que el crimen fue cometido con alevosía, ya que la joven fue sorprendida y no tuvo posibilidad de defenderse.

La acusación también sostuvo y probó la tentativa de feminicidio contra la madre de la víctima, presentando como respaldo denuncias previas por violencia familiar, las cuales evidenciaban un contexto de violencia de género ejercido por el condenado.

Durante todo el proceso, De Los Santos Reyes se abstuvo de declarar y únicamente expresó arrepentimiento antes de que el Tribunal deliberara, pidiendo disculpas a la familia y a la sociedad. La defensa pública no cuestionó la existencia del homicidio, aunque solicitó que no se lo condenara por la tentativa de feminicidio.

El Ministerio Público solicitó la pena máxima de 30 años de prisión, pedido que fue acogido por el Tribunal, integrado por las juezas Diana Arana, Eva Silva y Marcela Escobar. Además, los magistrados impusieron cuatro años adicionales de medida de seguridad, atendiendo informes psicológicos y psiquiátricos que describieron al condenado con una conducta agresiva e impulsiva. Desde su detención permanece privado de libertad y continuará cumpliendo la condena impuesta.