El animal fue encontrado atado con una cadena de dos metros y dentro de un tambor metálico utilizado como refugio. La Fiscalía ordenó su traslado inmediato a un centro veterinario.


Una investigación por un presunto hecho de maltrato y crueldad animal derivó en el allanamiento de una vivienda ubicada en el distrito de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa. El procedimiento estuvo encabezado por la agente fiscal Angelina Arriola Funes, de la Unidad Penal de Maltrato y Crueldad Animal de la Fiscalía Regional de Encarnación.

La intervención se realizó en el marco de una investigación basada en la Ley N.º 7513/2025, de Bienestar y Protección Animal, con acompañamiento del médico veterinario Joel Chaparro, de la Dirección de Salud y Bienestar Animal de la Municipalidad de Encarnación.

Durante el procedimiento fue localizado un perro de raza pitbull mestizo, de pelaje marrón y llamado Rocky. Según el informe fiscal, el animal se encontraba atado del cuello mediante una cadena metálica de aproximadamente dos metros de longitud y permanecía dentro de un tambor metálico utilizado como casita.

Los intervinientes constataron que el reducido radio de movimiento impedía al animal desplazarse con normalidad, estirarse o correr. Además, se encontraba expuesto directamente a las condiciones climáticas, como frío, calor y lluvia, situación que podría representar riesgos para su salud.

Durante la intervención, Rocky mostró signos de nerviosismo e intentó alejarse, aunque la longitud de la cadena limitaba considerablemente sus movimientos. La Fiscalía señaló que la restricción permanente puede generar estrés, angustia y alteraciones en el comportamiento del animal.

Ante las condiciones constatadas, la fiscal dispuso el traslado inmediato del can hasta un establecimiento veterinario de la zona para recibir atención y permanecer bajo cuidado profesional. También se verificó que el animal no contaba con una tarjeta de vacunación.

Rocky permanecerá en el centro veterinario hasta que el Juzgado Penal de Garantías determine las medidas correspondientes.

En tanto, el propietario será convocado por el Ministerio Público para prestar declaración indagatoria y, conforme a la investigación, se prevé la formulación de la imputación penal correspondiente.