El Ministerio Público, a través de un equipo de agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formuló imputación contra tres funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco), en el marco de una investigación por el presunto desvío de más de G. 1.100 millones de fondos pertenecientes al ente estatal hacia cuentas personales.

De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, los hechos habrían sido ejecutados mediante un esquema que involucró el acceso indebido a los sistemas informáticos y a las cuentas bancarias institucionales, con el fin de simular egresos a favor de la Municipalidad de Asunción, aparentando el pago de obligaciones municipales, cuando en realidad los fondos habrían sido redirigidos a cuentas particulares de funcionarios del ente y de terceros.

La imputación alcanza al entonces gerente administrativo financiero de la institución, sindicado como presunto autor de los hechos de lesión de confianza, instigación a la alteración de datos y producción de documentos no auténticos; al jefe del Departamento de Tesorería, como presunto cómplice del hecho de lesión de confianza; y a un funcionario del área de informática, como presunto autor de alteración de datos relevantes en los sistemas contables.

La maniobra habría sido detectada a inicios de enero de 2026, cuando se identificaron registros contables que consignaban facturas municipales por montos significativamente superiores a los habituales, lo que motivó verificaciones internas.

Posteriormente, se constató la eliminación y modificación de dichos registros, quedando evidencias en las pistas de auditoría del sistema, así como la presentación de documentos que no coincidían en montos, numeración ni cantidad con los inicialmente registrados.

Ante estas irregularidades, la máxima autoridad del ente dispuso una auditoría interna, que permitió detectar transferencias bancarias realizadas entre los años 2023 y 2025 desde cuentas institucionales hacia cuentas personales, por un monto superior a G. 1.100 millones.

La imputación fue presentada por un equipo dispuesto por el fiscal general del Estado, integrado por las agentes fiscales Belinda Bobadilla y Laura Giacummo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, y se solicitó la aplicación de medidas cautelares, en atención a la gravedad de los hechos investigados y a los elementos de sospecha reunidos hasta el momento.

La investigación continúa en curso, con el objetivo de determinar todas las responsabilidades penales y esclarecer el alcance total del presunto esquema de desvío de fondos públicos.

FUENTE: HOY