Con la finalización de la feria judicial, los tribunales de todo el país retoman plenamente sus actividades y se da inicio a un nuevo año judicial. Sin embargo, el regreso al trabajo encuentra al Poder Judicial enfrentando los mismos problemas de arrastre que, año tras año, siguen sin una solución concreta.

La mora judicial, el deterioro de la imagen institucional y los cuestionamientos sobre la independencia de jueces y magistrados vuelven a ocupar un lugar central en la agenda. Son temas conocidos, pero no por ello menos urgentes, ya que afectan de manera directa la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Febrero se perfila como un mes clave para la Corte Suprema de Justicia. En este periodo deberá definirse quién asumirá la presidencia del máximo órgano judicial. Según fuentes del ámbito judicial, el ministro Alberto Martínez Simón volvería a contar con los votos necesarios para ocupar el cargo. De confirmarse esta decisión, la conducción de la Corte quedará nuevamente bajo una mirada atenta, en un contexto donde se esperan señales claras de liderazgo y cambios estructurales.

Uno de los desafíos más sensibles continúa siendo la mora judicial. Se trata de una problemática persistente que impacta de forma directa en miles de personas. Casos de procesados que permanecen privados de libertad durante años sin una condena firme ponen en evidencia las fallas del sistema y exponen demoras que vulneran derechos fundamentales. Esta realidad alimenta el descreimiento social y refuerza la percepción de un servicio de justicia lento e ineficiente. 

A la par, el fortalecimiento de la independencia judicial aparece como una demanda constante desde distintos sectores del ámbito jurídico. Abogados, académicos y organizaciones civiles coinciden en que jueces y tribunales deben resolver las causas sin presiones externas. La injerencia de intereses políticos o factores ajenos al derecho sigue siendo señalada como un obstáculo para una justicia imparcial y confiable.

Otro punto crítico es la lucha contra la corrupción interna. La permanencia de funcionarios y magistrados cuestionados por su conducta debilita aún más la credibilidad del Poder Judicial. Diversas voces sostienen que la Corte Suprema debe asumir un rol más firme en la depuración del sistema, aplicando sanciones efectivas y demostrando que no hay espacio para el uso indebido del poder.

Con el inicio del nuevo año judicial y la inminente designación de la presidencia de la Corte, también se renuevan las expectativas de la ciudadanía. No obstante, el escenario no es nuevo. La sociedad vuelve a esperar señales concretas de cambio, reflejadas en mayor transparencia, eficiencia y compromiso institucional. La manera en que el Poder Judicial responda a estos reclamos será clave para recuperar la confianza pública y demostrar que los desafíos pendientes no seguirán siendo postergados.

Fuente: Judiciales. Net