Cada año se registran más de 1.900 nuevos casos en el sistema de salud pública y, en el último período, la enfermedad causó 401 fallecimientos.

La estadística revela una problemática crítica: más del 50 % de los diagnósticos llega en etapas avanzadas, una situación que acorta de forma drástica la ventana curativa de las pacientes.

La escasez de mamógrafos operativos en red, las demoras en la asignación de turnos y los plazos prolongados para la entrega de informes de biopsias frenan la detección oportuna en todo el territorio nacional. A este escenario se suma la discontinuidad en la provisión de medicamentos esenciales para esquemas de quimioterapia, inmunoterapia y terapias blanco, lo cual interrumpe los tratamientos médicos de forma periódica.

La centralización geográfica constituye otro factor determinante en la mortalidad. La radioterapia y la alta complejidad médica permanecen concentradas en Asunción y el departamento Central, lo que genera un desarraigo forzado, gastos excesivos de traslado o directamente el abandono de la terapia por parte de las mujeres del interior.

El impacto económico de la enfermedad empuja a las familias al endeudamiento, la venta de bienes o la organización de actividades solidarias para costear insumos básicos, agujas de biopsia y estudios moleculares no cubiertos por el Estado.

De acuerdo con los parámetros epidemiológicos e institucionales de la Sociedad Paraguaya de Oncología Médica, el abordaje integral requiere la aplicación efectiva de la Ley Nacional de Atención Integral del Cáncer, la protección del presupuesto de salud y la cobertura postratamiento en áreas como psicooncología, reconstrucción mamaria y manejo del linfoedema.

FUENTE: HOY