Representantes de magistrados, fiscales y defensores públicos se reunieron hoy con el objetivo de exponer los cuestionamientos hacia el proyecto de Ley de Reforma de la Caja Fiscal.
- 02/02/2026
- Por Edicion Prensa
Representantes de magistrados, fiscales y defensores públicos se reunieron hoy con el objetivo de exponer los cuestionamientos hacia el proyecto de Ley de Reforma de la Caja Fiscal, especialmente el apuro en su aprobación, artículos que lesionan derechos y la falta de apertura hacia los componentes del Poder Judicial, fueron los principales puntos de reclamo de los citados y que motivan el pedido de suspensión.
En el primero de varios encuentros previstos se insistió en la importancia de la ley acompañado de las críticas debido a que no fue socializado a los gremios, y que se haya incluido para aprobación durante el periodo de feria judicial
El juez en lo laboral Jorge Barboza, afirmó que el proyecto apareció de manera prematura “sin el diálogo social que requiere y ese diálogo social hoy estos gremios tanto de defensores públicos, de agentes fiscales y de magistrados de la República del Paraguay reclaman, repito, no como inquilinos de un cargo, sino como ciudadanos receptores de derechos conforme a los artículos de la Constitución Nacional, por ende, ese derecho no puede ser cercenado ciudadano alguno. Eso nos afecta y reclamamos esa participación y reclamamos conciencia a todos aquellos que el día jueves quizás traten o quizás no, esperemos que no, porque la prudencia, la mesura y la razón obedecen a una suspensión.”
El magistrado aclaró que los gremios no pretenden poner trabas al proyecto, pero sí exigen ser escuchados en el propósito de generar una construcción participativa conforme a los términos constitucionales.
El juez de Sentencia Carlos Hermosilla consideró la reforma fiscal como un punto elemental y esencial para la República, puesto a que su afectación no solo se limita a los operadores públicos del sistema de justicia, también a las familias y exige acciones responsables y especialmente un gran debate que incluya a los representantes del Poder Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas y los miembros del Parlamento, este
“Es un tema que no se puede manejar de la manera en que se está haciendo, no se puede presentar semejante proyecto de ley entre Navidad y Año Nuevo, no se puede llamar a audiencias públicas en el mes de enero en donde la mayoría del funcionariado público está de vacaciones, eso es de conocimiento público y también es de conocimiento público que la familia judicial se llama a descanso en el mes de enero a través de la feria judicial”, sostuvo
“Además no resulta razonable, no resulta lógico que nos metan a todos en la misma bolsa y que nos den el mismo tratamiento. Entonces, vamos a estudiar cuál es la situación en la que nos encontramos, vamos a estudiar cuál es el déficit que el Poder Judicial o que la familia judicial, Ministerio Público y Defensoría aportan entre comillas al déficit fiscal en base a eso ir coordinando las acciones. Como primera medida pedimos la suspensión del tratamiento en capa de diputados.”
Según Arévalos, representante de los defensores públicos, existe conocimiento de la situación deficitaria de la caja fiscal, sin embargo, considera que la incidencia del Poder Judicial es ínfima en el orden del 1% Es lo que no estamos de acuerdo en la forma en que se va a implementar, el problema es que se quiere equiparar o se quiere nivelar a todos como si fuera que la familia judicial ha incidido gravemente en este déficit.
A este punto se suman lo referente a varios artículos del proyecto de ley, y en especial el artículo 12 referente a los derechos adquiridos, “no se centra bien las bases o los conceptos en los cuales uno se tiene que amparar, habla que los derechos adquiridos uno y por el otro ya es usufructo de los mismos una vez que cumplan los requisitos. Esta no aclara si es que se tiene que implementar una renuncia o si es que solamente al momento de adquirir estos derechos es necesaria la resolución o declaración de los mismos, esto significaría una renuncia importante del sistema judicial y esta renovación que se tendría que hacer tardaría más de 2 años y eso impactaría no solamente en el acceso a la justicia, sino en el equilibrio del estado social de derecho” agregó.
FUENTE: EL OBSERVADOR